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martes, 8 de diciembre de 2009

LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

LA AUTORIDAD DEL PROFESOR:

El día 15 de septiembre Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó durante el debate del estado de la región, la Ley de Autoridad del profesor. Mediante esta ley se pretende conseguir que los profesores recuperen la autoridad perdida en estas últimas décadas.
Esta medida surgió al día siguiente de los incidentes en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en la que un grupo de jóvenes agredieron a varios policías nacionales.

Según esa ley los profesores de la educación pública y educación concertada madrileña, alcanzarán el status de autoridad pública.

Esta ley para mi proporciona una nueva posibilidad para los profesores; gracias a ella tendrán una “línea de defensa” más que hacia los niños, hacia los padres de esos niños. En una noticia del 16 de septiembre, un padre irrumpió en el comedor del colegio público de la comunidad de Madrid “Loyola de Palacio” y agredió a la directora del colegio; gracias a esta ley se podría castigar a este padre con una pena mayor que si no estuviera.

Por otro lado y como nos indica Antonio Marina en el texto de “La recuperación de la autoridad”, hay que distinguir bien los conceptos de poder y autoridad. El poder es como indica el autor “una voluntad se impone a otra por el ejercicio de la fuerza”. En cambio la autoridad es otro tipo de imposición, la imposición debida al respeto, la autoridad debe generar admiración.

Por eso a mi modo de ver y aunque esa ley pudiera reportar beneficios muy rápidos como puede ser el anteriormente citado, esta ley sería improductiva. Conceder a un profesor la “autoridad” desde el poder significa que los profesores dejan de ser una autoridad (en lo referente al respeto) a convertirse en un mero “representante del poder, de la fuerza.”

A mi modo de ver la manera de educar y las formas en las relaciones entre alumnado y profesores deben ir por otros derroteros, Rafael Feito en su artículo de El País, nos da ejemplos diversos de colegios de la Comunidad de Madrid en los que se está intentando de manera “dialogada” solucionar los conflictos, y lo más importante en este debate, parece ser que estos métodos funcionan.

Por otra parte, y debo añadir para no caer yo mismo en la hipocresía, que Rafael Fleito en este mismo artículo, concretamente al inicio del mismo nos hace una reflexión a mi modo de ver un tanto desafortunada, ya que se aleja del debate en cuestión para hacerle el juego político al periódico de turno. Comportamientos que desgraciadamente son muy comunes en los periodistas (y como Rafael Fleito, no tan periodistas, aunque sin duda autoridades en su materia, eso si, una autoridad desde el respeto y la admiración.) que habitualmente nos proporcionan información de actualidad, y que enturbian el debate.

Pero a mi modo de ver el problema central (y con el que muchas personas coincidirán conmigo) y que ya he citado anteriormente, son los padres de los alumnos. En esto el señor Savater coincide conmigo (y me reafirmo, con muchos otros profesionales).

Como ya digo el problema es de la poca implicación por parte de las familias en la educación de sus hijos; Guadalupe Rodríguez, profesora del IES Alejandría de Tordesillas (Valladolid) indica que además "ha cambiado el valor que se da al niño, que ahora es el rey de la casa al que no se puede cuestionar". Esto por ende acaba degenerando de una situación en la que la versión del profesor no se cuestionaba, a un escenario en que el niño siempre tiene la razón, por muy absurda que sea su versión. Esto añadido a que las familias delegan la educación de sus hijos a las escuelas hace la situación insostenible.

Debo añadir y aun a riesgo de que se me tache de no ser corporativista que aunque a mi modo de ver el problema central sea el anteriormente indicado, hay que señalar que existen profesores con una preparación inadecuada (u obsoleta) para el trato con niños y adolescentes, así como con recursos inadecuados para la resolución de los problemas que se plantean en las aulas. Este es un problema con un debate que podría resultar muy interesante.

Y llegado a este punto en que los puntos de vista han sido descritos con más o menos exactitud, nos preguntamos ¿En que puede ayudar la política (si es que puede hacerlo) a solucionar este problema?
Como suele ser habitual durante estos últimos tiempos el diálogo PPSOE (y no es una errata) sobre este tema, que a mi modo de ver es el tema central en la educación, se ha tratado con mucha irresponsabilidad, sin debate y a base de “decretazo”, tanto en la asamblea de Madrid, (mayoría absoluta del PP) como en el congreso de los diputados (en el que el PSOE y el resto de grupos de “izquierdas” han rechazado el proyecto).
A la vista de tanta intransigencia, solo tengo que decir que la propuesta tiene sus partes buenas y malas, no hay que demonizarla por el hecho de que venga de un grupo político, habría que debatirla y consensuarla (exactamente igual que la secuencia de leyes educativas que han ido transcurriendo durante los últimos años y que han sido desastrosas para las generaciones que acabamos de salir de la escuela).

En resumen y para finalizar nos encontramos con una propuesta muy interesante para asegurar los derechos de los profesores a ser respetados como profesionales y para protegerles de agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de alumnos y padres; por otra parte esto supondría poner a la altura de los policías o jueces a los profesores y como dice Marina en convertirles en “un mero instrumento de poder.
Es un tema complicado, que debe ser reflexionado por parte de toda la sociedad mediante la participación ciudadana en periódicos, blogs, redes sociales y después de esto tratar de alcanzar un consenso a través del parlamento.

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